18 octubre 2011 | Haga un comentario
La autoridad del ente fiscalizador recordó que López cometió un delito en el año 1998, y no como lo han querido disfrazar sectores de oposición, argumentando que es una estrategia política por las venideras elecciones presidenciales
La decisión tomada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de declarar inejecutable el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la inhabilitación del exalcalde de Chacao, Leopoldo López,es lógica y está apegada al Estado de Derecho.
La decisión tomada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de declarar inejecutable el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la inhabilitación del exalcalde de Chacao, Leopoldo López,es lógica y está apegada al Estado de Derecho.Así lo informó este martes, Adelina González, contralora encargada de la República, durante su participación en el programa Toda Venezuela que transmite Venezolana de Televisión.
González indicó que el arbitraje dictaminado este lunes por el TSJ, no tiene ningún limbo jurídico, ya que el señor López no está inhabilitado en sus derechos políticos.
“En este y otros casos la Contraloría ha actuado ajustado al Estado de Derecho y cumpliendo los procedimientos, nosotros no inventamos nada en el caso de Leopoldo López”, aseguró la Contralora.
Aseguró que “sí se cometió delito en el caso López”, y no como lo han querido disfrazar sectores de oposición, argumentando que es una estrategia política por las venideras elecciones presidenciales.
“Tenemos que recordar que Leopoldo López cometió un delito en el año 1998, por actos de corrupción en Pdvsa, durante la gestión de su señora madre, Antonieta Mendoza de López”, apuntó.
Mencionó que no es cierto que Venezuela se encuentre al margen de las disposiciones internacionales, “eso es falso y los saben todos los que trabajan la materia”, añadió.
Destacó el derecho a ser electo tiene un marco legal en el país, que exige ciertos requisitos que deben ser respetados.
En este sentido, acotó que el TSJ ha sido claro en su decisión, al manifestar que el señor López no está inhabilitado en sus derechos políticos, lo que tiene es una limitación temporal para desempeñar cargos públicos y eso está sustentado en el Artículo 105 de la Contraloría de la República.
Enfatizó que ningún organismo político en el país, da instrucciones en las decisiones de la Contraloría, ya que las mismas son autónomas, respetando el Estado de Derecho que rige en Venezuela.
Comentarios
Publicar un comentario